Desde sus orígenes, situados en la década de 1830, más precisamente en el año 1833,[1] el sistema político chileno ha estado representado por los aires de un régimen de gobierno de tipo presidencial.
Si bien es cierto, dentro de la evolución política e institucional del Estado chileno, se han hecho parte diversos cleaveges[2] que han modificado, de una u otro manera, la situación constitucional del país, la mayoría del tiempo transcurrido a través de nuestra historia política, ha estado cimentada sobre las bases de un régimen presidencialista puro[3] , que ha marcado el devenir institucional y formativo de la estructura política chilena.
Si bien es cierto, dentro de la evolución política e institucional del Estado chileno, se han hecho parte diversos cleaveges[2] que han modificado, de una u otro manera, la situación constitucional del país, la mayoría del tiempo transcurrido a través de nuestra historia política, ha estado cimentada sobre las bases de un régimen presidencialista puro[3] , que ha marcado el devenir institucional y formativo de la estructura política chilena.
De esta manera, en el ensayo que se presenta a continuación, se pretende llevar a cabo un recorrido histórico a través de lo que ha sido el devenir institucional del Estado chileno, devenir que ha graficado una de las características fundamentales de nuestra historia.
Para ello, es preciso conocer a cabalidad cuáles son las características principales que hacen de un régimen de gobierno un sistema de tipo presidencial.
Dichas condiciones serán expuestas en el cuerpo de este ensayo, a fin de lograr comprender de una manera más clara, cuáles han sido las bases republicanas[4] que han hecho del régimen presidencialista la principal característica de la historia política de nuestro país.
Para comenzar el análisis evolutivo del sistema de gobierno presidencialista en Chile, es preciso conocer, describir y exponer las principales características que convierten a nuestro sistema político en un sistema de gobierno de tipo presidencialista puro.
Dentro de la definición de régimen de gobierno de tipo presidencialista, es posible encontrar diversas formas que se hacen parte al interior de la constitución formativa de su estructura institucional de gobierno. Entre ellas, es posible distinguir primero un régimen institucional, representado por un presidencialismo puro y, segundo un presidencialismo de características atenuadas[5].
En el desarrollo institucional de nuestra historia política, es posible encontrar un régimen de gobierno caracterizado por la elección popular-mayoritaria tanto de un poder ejecutivo como de un poder legislativo. Esta elección popular directa de un jefe de Estado, está caracterizada por normas constitucionales que delimitan la permanencia del poder ejecutivo en su puesto de gobierno. En el caso de Chile, con la constitución de 1925[6], se dirimió la permanencia y duración de cinco años en el cargo de jefe de Estado y además se estableció la condicionante de la no reelección inmediata al cargo y la supremacía ejecutiva por sobre la legislativa.
Otra característica del sistema de gobierno presidencialista, es la elección personalista de los ministros y consejeros ministeriales por parte del presidente de la república, esta particularidad difiere de la establecida en un régimen de gobierno de tipo presidencialista atenuado, por la función accionaría que el gabinete presidencial representa al interior del poder ejecutivo[7].
En Chile, el gabinete ministerial, es escogido directamente por el jefe de Estado, este gabinete, tiene la particularidad de actuar como mero ayudante o consejero del presidente de la republica. Los ministros, además, no tienen la facultad para intervenir al interior del poder ejecutivo, esto a raíz de que dependen exclusivamente del presidente, quien además puede, en los casos que estime pertinentes, destituirlos de sus cargos, sin requerir para ello de la presencia de una mayoría parlamentaria en acuerdo con dicho proceso y decisión exclusivamente presidencial.
Para el propósito de este ensayo, es clave precisar que, este exceso de poder ejecutivo, ha incidido de diversas maneras en la conformación y desarrollo del sistema político chileno.
De esta manera, uno de los principales cleaveges institucionales de la constitución política de Chile, se ve expresado en la crisis nacional que tomo lugar en el año 1891. En este periodo, el país vislumbraba una gran crisis y discusión política entorno al debate referente a cuál era el gobierno más adecuado para el sistema político chileno.
Así, la disyuntiva política se vio caracterizada por dos bandos; uno defendido por el Presidente de la república, José Manuel Balmaceda[8], que defendía la permanencia de un régimen de gobierno presidencialista y representativo, y otro envuelto en la figura del Congreso nacional que, a través del bando denominado Congresista, llamaba a la instauración de un régimen de gobierno de tipo parlamentario[9].
Esta disyuntiva política, devino en la guerra civil de 1891 que, posterior al triunfo constitucional del congreso, instaura el régimen parlamentario en Chile, sistema de gobierno que abarco desde 1891 hasta 1925.
Pese al denominativo parlamentario aplicado por el bando congresista al sistema de gobierno acontecido entre 1891 y 1925, el régimen político que tomo lugar en dicho periodo se caracterizo, más bien, por ser un sistema de gobierno seudo parlamentarista, esto a raíz de que un verdadero sistema parlamentario puro combina; primero: ministros responsables ante la mayoría de la Asamblea, segundo: un presidente o primer ministro elegido por el parlamento y no por elección popular, tercero: una Asamblea que puede ser disuelta por el ejecutivo, en el caso de que en ella no se presenten mayorías, asamblea que puede disolverse, incluso, antes de concluir un mandato completo y cuarto: una ausencia total de instancias de veto fuera del parlamento.[10] Condiciones no aplicadas en el periodo parlamentario chileno, el sistema político fue, incluso en este periodo, presidencial y estuvo enfocado a resolver la gran disputa soberana que se presenta a lo largo de la historia de nuestro país entre el poder ejecutivo y el poder legislativo[11].
De esta manera, es posible aseverar que, en el periodo parlamentario chileno, las condicionantes del parlamentarismo puro, no se hicieron parte dentro del proceso institucional establecido por más de tres décadas.[12]
Esta afirmación, sin embargo, nos dirige hacia una nueva temática de discusión enfocada a la omnipotencia del ejecutivo por sobre el legislativo.
La guerra civil de 1891 y la posterior implantación del régimen parlamentario en Chile, no fue más que una violenta respuesta a la preeminencia ejecutiva. Sin embargo, pese a la insistencia de crear y forjar un parlamento más fuerte, al interior del sistema político chileno, la llegada al poder del Presidente Arturo Alessandri Palma y la formulación de una nueva Carta Magna en 1925, no hizo más que reafirmar y aumentar el poder del ejecutivo, forjando con ello, un presidencialismo cada vez más fuerte e interiorizado en la cultura política de nuestro país.
Con dicho acontecimiento, la disyuntiva continuo, y es más, se incremento. Esto a raíz de que, la continua crisis presidencialista en Chile permaneció junto a una de sus principales características nacionales: el multipartidismo y la polarización política.
La incidencia entonces, del presidencialismo en el sistema político chileno, esta graficada en los frenos y contrapesos que, el parlamento nacional, lleva a cabo para con el poder ejecutivo.
Este sistema de frenos y contrapesos, encuentra razón en la presencia de un multipartidismo polarizado, es decir, una gran cantidad de partidos políticos con ideologías y fundamentos tan atomizados que polarizan la situación política del Estado chileno, trasladando las demandas políticas desde un extremo al otro, extremos representados al interior del parlamento tanto por la izquierda como por la derecha política.
De esta manera, a lo largo de la historia política chilena, el presidente de la republica no ha logrado contar con mayorías en el parlamento, situación que retrasa la resolución institucional de los conflictos que se presentan al interior del Estado nacional y que, además, retrasan la formulación de políticas públicas generadas en post de la comunidad nacional.
La característica sistémica de la política chilena, expresada en la idea de multipartidismo y polarización política, lleva a los partidos políticos, presentes en el sistema, a crear coaliciones a fin de lograr el tan ansiado sillón presidencial, en el cual, el partido o bien, la coalición mayoritaria, llevaría a cabo el ordenamiento constitucional y la realización de políticas publicas en post de una comunidad nacional más satisfecha, y por ende, lograría generar un sistema político más estable y consensuado.
De esta manera, el presidencialismo en Chile, se ve atenuado tanto por la estructura del sistema de partidos[13] como por las iniciativas obstruccionistas del congreso nacional[14].
El resultado de estas características, afecta el óptimo funcionamiento del sistema político, a raíz de que, el desfinanciamiento de las políticas y programas de gobierno, así también como el rechazo por parte del congreso para con la iniciativa ejecutiva, limitan y vuelven inoperante la eficaz resolución de los conflictos mediante vías institucionales.
Un ejemplo de lo anterior, se ve graficado en el cleavege institucional acontecido en el año 1973, en donde, la gran polarización política, llevo al sistema de partidos a transitar hacia los extremos. Esto, dejo al descubierto la inoperancia del sistema político, al momento de intentar generar acuerdos, dando origen con ello a la idea de los Tres Tercios[15] y perpetuando la culminación de la crisis en la insurrección política que, el 11 de Septiembre de 1973, termino por la implementar en régimen de gobierno autoritario de tipo burocrático militar[16].
De esta manera, los frenos y contrapesos experimentados por el sistema presidencialista chileno, representados principalmente, en la escasez de mayorías de partidos de gobierno en el parlamento, han de ser reformados mediante modernizaciones al interior de los poderes del Estado, modernizaciones que han de estar enfocadas al perfeccionamiento del régimen presidencial chileno.
Así, lograr reformas pertinentes para el consenso amplio de las fuerzas políticas, ha de ser una de las tareas fundamentales del rol modernizador del Estado, en post de llevar a cabo políticas públicas más venideras, efectivas y eficaces para la totalidad de la comunidad nacional.
Si bien es cierto, las carencias institucionales y de gobernabilidad que presenta el sistema de gobierno presidencialista en Chile, han conspirado en favor del retraso y la ineficacia de la formulación tanto de la agenda como de las políticas públicas, la fuerte figura del presidente de la república ante el congreso, puede volver al sistema presidencial un gobierno más operativo y eficaz, esto a raíz de que el jefe de Estado, fuera de las restricciones, cuenta con la capacidad de emitir decretos de ley que más tarde el parlamento habría de aprobar con el apelativo presidencial de la suma urgencia.
El sistema político chileno, ha buscado permanentemente mantener su institucionalidad, esto se ve graficado tanto en la búsqueda de gobernabilidad sistémica[17] como en el anhelo de lograr la gobernabilidad democrática[18].
De esta manera, en la actualidad, la gran característica que denota la estabilidad de un sistema de gobierno esta representada por una democracia efectiva en el sentido de que, permita instaurar las bases de pluralidad y participación que, para su instauración, ella necesita.
Así, es pertinente graficar que, si bien es cierto el sistema de gobierno presidencialista se ha mantenido intacto a través de la historia política de Chile, las características que se dan junto a este régimen de gobierno, como son el multipartidismo, el debilitamiento parlamentario y la polarización política, han minado las capacidades democratizadoras del sistema de gobierno presidencialista.
La forma en que el régimen presidencial chileno, incide en el sistema político de nuestro país, esta representado por la presencia de parlamentos que, más allá de funcionar como reales colaboradores del sistema de gobierno, lo hacen mediante la aplicación de frenos y contrapesos que inoperizan la capacidad de respuesta del gobierno para con la comunidad nacional, generando claros problemas de gobernabilidad que, si no son solucionados en un periodo adecuado de tiempo, podrían llegar a generar nuevas crisis institucionales y emergentes cleaveges políticos y sociales.
Bibliografía
De esta manera, el presidencialismo en Chile, se ve atenuado tanto por la estructura del sistema de partidos[13] como por las iniciativas obstruccionistas del congreso nacional[14].
El resultado de estas características, afecta el óptimo funcionamiento del sistema político, a raíz de que, el desfinanciamiento de las políticas y programas de gobierno, así también como el rechazo por parte del congreso para con la iniciativa ejecutiva, limitan y vuelven inoperante la eficaz resolución de los conflictos mediante vías institucionales.
Un ejemplo de lo anterior, se ve graficado en el cleavege institucional acontecido en el año 1973, en donde, la gran polarización política, llevo al sistema de partidos a transitar hacia los extremos. Esto, dejo al descubierto la inoperancia del sistema político, al momento de intentar generar acuerdos, dando origen con ello a la idea de los Tres Tercios[15] y perpetuando la culminación de la crisis en la insurrección política que, el 11 de Septiembre de 1973, termino por la implementar en régimen de gobierno autoritario de tipo burocrático militar[16].
De esta manera, los frenos y contrapesos experimentados por el sistema presidencialista chileno, representados principalmente, en la escasez de mayorías de partidos de gobierno en el parlamento, han de ser reformados mediante modernizaciones al interior de los poderes del Estado, modernizaciones que han de estar enfocadas al perfeccionamiento del régimen presidencial chileno.
Así, lograr reformas pertinentes para el consenso amplio de las fuerzas políticas, ha de ser una de las tareas fundamentales del rol modernizador del Estado, en post de llevar a cabo políticas públicas más venideras, efectivas y eficaces para la totalidad de la comunidad nacional.
Si bien es cierto, las carencias institucionales y de gobernabilidad que presenta el sistema de gobierno presidencialista en Chile, han conspirado en favor del retraso y la ineficacia de la formulación tanto de la agenda como de las políticas públicas, la fuerte figura del presidente de la república ante el congreso, puede volver al sistema presidencial un gobierno más operativo y eficaz, esto a raíz de que el jefe de Estado, fuera de las restricciones, cuenta con la capacidad de emitir decretos de ley que más tarde el parlamento habría de aprobar con el apelativo presidencial de la suma urgencia.
El sistema político chileno, ha buscado permanentemente mantener su institucionalidad, esto se ve graficado tanto en la búsqueda de gobernabilidad sistémica[17] como en el anhelo de lograr la gobernabilidad democrática[18].
De esta manera, en la actualidad, la gran característica que denota la estabilidad de un sistema de gobierno esta representada por una democracia efectiva en el sentido de que, permita instaurar las bases de pluralidad y participación que, para su instauración, ella necesita.
Así, es pertinente graficar que, si bien es cierto el sistema de gobierno presidencialista se ha mantenido intacto a través de la historia política de Chile, las características que se dan junto a este régimen de gobierno, como son el multipartidismo, el debilitamiento parlamentario y la polarización política, han minado las capacidades democratizadoras del sistema de gobierno presidencialista.
La forma en que el régimen presidencial chileno, incide en el sistema político de nuestro país, esta representado por la presencia de parlamentos que, más allá de funcionar como reales colaboradores del sistema de gobierno, lo hacen mediante la aplicación de frenos y contrapesos que inoperizan la capacidad de respuesta del gobierno para con la comunidad nacional, generando claros problemas de gobernabilidad que, si no son solucionados en un periodo adecuado de tiempo, podrían llegar a generar nuevas crisis institucionales y emergentes cleaveges políticos y sociales.
Bibliografía
Bobbio, Norberto: “El Futuro de la Democracia”, Fondo de Cultura Económica, Colombia 2000.
De la Peña, Alfonso: “Historia de Chile, tomo III”, Editorial Prosa, Santiago de Chile 1998.
Gil Lavedra, Ricardo: “El Presidencialismo Atenuado”, Buenos Aires 1989.
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo: “Historia Social del Siglo XX chileno, Balance paradojal”, Editorial Sudamericana, Santiago 2001.
Linz, Juan y Valenzuela, Arturo: “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”, Centro de Estudios Públicos, Nº 36, 1989.
O´Donnell, Guillermo: Transiciones desde un gobierno autoritario, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas”, Paidós, Buenos Aires 1994.
San Francisco, Alejandro: “La gran convención del Partido Liberal Democrático en 1893. Un hito en la reorganización del Balmacedismo después de la guerra civil chilena de 1891”, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 2000.
Shugart, Mathew: Sistemas de Gobierno en América Latina: Frenos y Contrapesos en una era de Globalización”, en: Carrillo Flórez, Fernando: “Democracia en déficit, gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe”, Sección de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC 2001.
Sunkel, Osvaldo: “Democratizar la democracia: Reformas pendientes”, Centro de análisis de políticas públicas Universidad de Chile, Santiago 2000.
[1]El origen institucional del Estado chileno, se sitúa en el año 1833 a raíz de que los tres componentes básicos que caracterizan la forjación estatal de una nación, se ponen de manifestó; primero: en la noción de territorio nacional (representada por la incorporación de Chiloé al territorio nacional en el año 1826, segundo: por la noción de soberanía, graficada por la declaración de fuerza y unidad del Estado chileno en la Constitución portaliana de 1833, y tercero: por la noción de población, delimitada también en la Constitución de 1833, a través del delimitamiento y diferenciación entre nacionales y extranjeros.
[2] Los cleavege son entendidos a partir de quiebres o fracturas sistémicas al interior de un régimen de gobierno. En el caso de Chile, por ejemplo, el avanzar histórico ha estado representado a los menos por tres cleaveges políticos e institucionales como el de 1833(Constitución política que cimienta las bases del Estado chileno), el de 1891 (quiebre institucional graficado por una guerra civil que, dando fin al gobierno balmacedista, instaura el régimen congresista y con ello el sistema de gobierno parlamentario) y el de 1973 (golpe militar e instauración de un autoritarismo burocrático-militar).
[3] Presidencialismo puro, entendido como un sistema político que cumple con las principales bases y características que denotan su condición.
[4] Las bases republicanas encuentran razón en: primero: la idea de un gobierno popular como único poder legitimo (Rousseau), segundo: la idea republicana sostiene que la participación del pueblo en la cosa pública es buena, si y sólo si, constituye los verdaderos fines de la política, entendidos a través de la justicia, la estabilidad y la grandeza del Estado.
[5] El presidencialismo atenuado, responde a características conjuntas extraídas tanto de las bases republicanas del presidencialismo como de los fundamentos institucionales de un régimen de gobierno de tipo parlamentarista, La labor presidencial, en este tipo de régimen, está limitada por el requisito de una efectiva participación ministerial en las decisiones ejecutivas. Los ministros, escogidos también por el Ejecutivo, son responsables y deben rendir cuentas ante el poder legislativo.
[6] Compárese con: Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo: “Historia Social del Siglo XX chileno, Balance paradojal”, Editorial Sudamericana, Santiago 2001. Pág. 89-92.
[7] En un régimen presidencialista atenuado, el gabinete ministerial es requisito, inherente, para la labor presidencial, la cual está limitada por la condicionante de una efectiva participación ministerial en la toma de decisiones ejecutivas y de gobierno. Los ministros, además son responsables ante el poder legislativo. Véase en: Gil Lavedra, Ricardo: “El Presidencialismo Atenuado”, Buenos Aires 1989, Pág. 77.
[8] José Manuel Balmaceda fue presidente de la republica chilena entre los años 1861 y 1891. Su gobierno culmino con una cruda guerra civil que más tarde logro instaurar el régimen parlamentarista chileno que va desde 1891 hasta 1925. Véase en: De la Peña, Alfonso: “Historia de Chile, tomo III”, Editorial Prosa, Santiago de Chile 1998.
[9] Compárese con: San Francisco, Alejandro: “La gran convención del Partido Liberal Democrático en 1893. Un hito en la reorganización del Balmacedismo después de la guerra civil chilena de 1891”, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 2000. Pág. 339.
[10] Véase en: Shugart, Mathew: Sistemas de Gobierno en América Latina: Frenos y Contrapesos en una era de Globalización”, en: Carrillo Flórez, Fernando: “Democracia en déficit, gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe”, Sección de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC 2001, Pág.143-189.
[11] Con la implantación del régimen parlamentario, el congreso va a operar como una asamblea popular, la que en conjunto a un sistema seudo parlamentario, va a actuar vulnerando la presencia presidencial a través de las interpelaciones ministeriales, es decir, mediante la aplicación de las rotativas ministeriales, rotativas con las cuales el Presidente de la república se ve dificultado al momento de buscar generar consenso en post de sus políticas publicas.
[12] Véase en: Linz, Juan y Valenzuela, Arturo: “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”, Centro de Estudios Públicos, Nº 36, 1989. Pág. 16.
[13] El sistema de partidos en Chile se presenta de modo multipartidista y polarizado.
[14] La historia evolutiva del Congreso Nacional, ha estado graficada por los procesos obstaculizadores por parte del congreso para con las iniciativas de reforma aplicadas por el poder ejecutivo. De esta manera, en Chile, el Congreso parece más un obstáculo que un socio en la reforma iniciada por el presidente. Este fenómeno, se puede explicar a través de la forma en que es escogido el parlamento, el cual, rara vez cuenta con el incentivo de representar las preferencias de sus electores en las materias políticas y que, en cambio, si tiende a vincularse a sus jefes de partido o bien, a las redes clientelares que lo rodean. Véase en: Shugart, Mathew: Sistemas de Gobierno en América Latina: Frenos y Contrapesos en una era de Globalización”, en: Carrillo Flórez, Fernando: “Democracia en déficit, gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe”, Sección de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC 2001, Pág.143-189.
[15]En un sistema presidencial, con sistema multipartidista, con tres grandes bloques, hay un accionar más bien centrífugo. Véase en: Linz, Juan y Valenzuela, Arturo: “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”, Centro de Estudios Públicos, Nº 36, 1989. Pág. 44.
[16] El Autoritarismo burocrático-militar, conjuga a actores tecnócratas, militares y civiles, los al momento de la culminación del modelo de desarrollo por Industrialización por Sustitución de Importaciones, buscan implantar un modelo de desarrollo de tipo excluyente, el cual a través del proceso de neoliberalización, implanta el modelo económico de la economía de libre mercado o capitalista. Véase en: O´Donnell, Guillermo: Transiciones desde un gobierno autoritario, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas”, Paidós, Buenos Aires 1994.
[17] La gobernabilidad sistémica esta en función de hacer posible la existencia de un régimen de gobierno que no necesariamente ha de ser democrático. Para dicho propósito se crean y mantienen las condiciones para que dicho régimen sea posible y permanezca a lo largo del tiempo. Véase en: Bobbio, Norberto: “El Futuro de la Democracia”, Fondo de Cultura Económica, Colombia 2000. Pág. 74-115.
[18] La gobernabilidad democrática, responde a una capacidad de los gobiernos y de los actores en democracia para abordar el reto sistemático de la profundización y perfeccionamiento de la democracia como sistema de derechos. Ibíd. Pág. 74-115.
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